En concreto, el delegado del Gobierno solicita a los alcaldes de Leioa, San Sebastián, Astigarraga, Elgeta, Zizurkil, Etxebarri, Amorebieta y Durango que le remitan en el plazo de un mes el acuerdo y ha anunciado que a partir de entonces ejercerá las actuaciones que procedan.
En un comunicado Luesma ha considerado que la existencia de vías públicas con el nombre de miembros de ETA supone una vulneración del derecho fundamental al honor y un atentado contra la dignidad, no sólo de las víctimas de los delitos cometidos por esas personas, sino de toda la sociedad que, "desde hace muchos años, demasiados años, viene sufriendo las consecuencias de la actividad de la banda terrorista".
En opinión del delegado del Gobierno, estos acuerdos municipales son "nulos de pleno derecho en la medida en que vulneran el derecho fundamental al honor de las víctimas de los delitos cometidos por las personas de esta forma homenajeadas".
Además estas resoluciones vulneran la Constitución y, de conformidad con la doctrina emanada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, son contrarias a Derecho, porque una institución pública no puede adoptar acuerdos de enaltecimiento de personas por su relación con una actividad contraria al ordenamiento jurídico.
El pasado 18 de marzo el Gobierno ya requirió al Ayuntamiento de Hernani para que procediera a anular el acuerdo adoptado el 24 de marzo de 1982, en un pleno municipal extraordinario, por el que se daba el nombre del miembro de ETA José Manuel Aristimuño, alias "Pana", a un parque del pueblo entonces en construcción.
En el caso de que este requerimiento no sea atendido, el Gobierno procederá a impugnar el acuerdo ante la jurisdicción contencioso administrativo.
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