El atentado perpetrado la madrugada del viernes en Miño es un paso más en la presión que determinados grupos independentistas radicales pretenden ejercer sobre la sociedad gallega como supuestos defensores de la degradación del territorio y muy especialmente para «hacerse notar» ante la celebración de las próximas elecciones generales en marzo, como explica un mando policial.Los investigadores tienen muy claro que la cercanía de los comicios puede traer más atentados por parte del entorno más radical agrupado en Resistencia Galega, que tiene al menos tres células activas (de dos o tres miembros cada una) y dispuestas a poner una bomba en donde les ordene la dirección, formada por veteranos activistas en la clandestinidad y presumiblemente dirigida por Antón García Matos, Toninho , detenido (y liberado a los pocos días) a finales del 2005 en la operación Castiñeira, y del que nada se sabe desde entonces.
Por eso las fuerzas de seguridad están en el nivel 2 de alerta antiterrorista (el máximo es el 3 e incluye la participación de las fuerzas armadas) que implica un refuerzo de la vigilancia de edificios e instituciones que puedan ser objeto de atentados, así como más control sobre personas y vehículos.
Es una parte más del seguimiento que la Guardia Civil mantiene sobre grupos y personas relacionadas con el entorno radical y con Resistencia Galega, una organización terrorista capaz de colocar una bomba en cualquier lugar de Galicia, como ha demostrado el último año con siete artefactos en inmobiliarias y constructoras, algunos de los cuales pudieron ser desactivados. «Pero cualquier día pueden cargarse a alguien», advierte un experto antiterrorista que explica que estos grupos se plantean objetivos para llamar la atención sobre sus reivindicaciones, pero no pueden controlar que sus bombas causen solo daños materiales. De hecho, se sabe que Resistencia Galega usa relojes temporizadores para retardar varias horas la explosión y permitir que los activistas puedan estar muy lejos del objetivo cuando se produzca la explosión. Eso aumenta el riesgo porque cualquiera puede pasar cerca del artefacto, que puede explotar en cualquier momento.
El artefacto que estalló en Miño fue colocado casi con toda seguridad por activistas recién reclutados por los captadores de la banda. «Son chicos muy jóvenes a los que les han comido el coco para poner una bomba que puede causar una tragedia», dice un mando policial. No están fichados, por lo que las fuerzas de seguridad no tienen constancia de su actividad delictiva hasta que cometen el atentado.
Detenciones
A veces hay suerte, como ocurrió el pasado mes de diciembre en Portosín, en el municipio coruñés de Porto do Son, donde dos supuestos activistas -José Manuel Sánchez Gorgas, de 19 años, y Santiago Vigo Domínguez, de 18- fueron sorprendidos por una patrulla de la Guardia Civil de Noia con una bomba en el maletero de su coche.
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