Solapada en organizaciones pantalla y ONG instrumentalizadas a su servicio, ETA-Batasuna imparte lecciones de derechos humanos por el mundo, incluso en Naciones Unidas, al tiempo que acusa al Estado español de sojuzgar a Euskadi, criminalizar las ideas políticas y reprimir salvajemente, torturar y asesinar a los independentistas vascos.
La extendida convicción de que la labor propagandística de ETA en el extranjero tiene una influencia estrictamente marginal y queda constreñida a los ambientes afines del sectarismo y la violencia terrorista tropieza con algunos interrogantes que han ido aflorando en los últimos tiempos.
¿Por qué determinados dirigentes del Congreso Nacional Africano (CNA) de Nelson Mandela creen que el Estado español quiere acabar con el euskera? ¿Cómo se explica que representantes del MAS boliviano, el partido del presidente Evo Morales, ofrezcan una rueda de prensa conjunta con los responsables de Askapena (Liberación), la red de activismo y propaganda internacional de Batasuna que animan personajes imputados por colaboración con el terrorismo? ¿A qué se debe que una docena de europarlamentarios, como Michael Leutert, del Die Linke alemán -el partido del ex ministro y dirigente socialdemócrata Oskar Lafontaine-, propaguen que en España se tortura sistemáticamente y se persiguen las ideas independentistas? ¿Y cómo es que jueces argentinos y belgas deniegan la extradición de activistas de ETA, invocando las resoluciones del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa?
21 de junio de 1993, atentado de ETA en Madrid- LUIS MAGÁN
Son casos aislados, se dirá. El mismo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó el jueves que el apoyo internacional a ETA se ha "reducido radicalmente", pero, con todo, España es ya un polo de atracción para los expertos internacionales en resolución de conflictos -la conocida industria de la mediación-, y, sobre todo, un país de visita preferente para los relatores de la ONU que vigilan el respeto de los derechos humanos. Gobierno, policía, jueces y fiscales españoles están obligados a dar las explicaciones que no se le exigen a Francia, por ejemplo, y eso que el vecino país detiene últimamente a más activistas de ETA. En sus informes periódicos sobre la vulneración de los derechos humanos, el anterior relator especial de la ONU Theo van Boven acostumbraba a dedicar a la situación española entre 185 y 225 párrafos (entre el 10% y el 11% de la totalidad de sus textos definitivos), frente a 42 con Rusia, 4 con Francia y 3 con Marruecos. Si estos espacios guardaran correspondencia con la vulneración de los derechos humanos, resultaría que España es el país que más maltrata a los detenidos. ¿Es tan insignificante la influencia exterior del complejo ETA o es que, contra lo que sostienen los jueces y fiscales españoles, sí hay razones para sospechar que los arrestados de esa organización son sometidos regularmente a torturas? El trato policial a los islamistas detenidos bajo la legislación antiterrorista no suele dar lugar a conflicto, y tampoco el que las policías locales dan a los inmigrantes en situación irregular y a los delincuentes de poca monta, pese que, según no pocos expertos españoles, es ahí donde se producen los mayores abusos.
Aunque sus conclusiones son sustancialmente diferentes de las de su predecesor, también el nuevo relator especial de la ONU, Martin Scheinin, ha viajado a España para interesarse por la situación de los detenidos de ETA, el colectivo que, precisamente, dispone de mayor respaldo político y social y cuenta con altavoces, recursos y una amplia nómina de abogados militantes al servicio de la causa. Las organizaciones de los familiares de los presos de ETA y su colectivo contra la tortura Torturaren Aurkado Taldea inundan regularmente de denuncias los despachos de los relatores de la ONU y cualquier otro foro internacional a su alcance. Son acusaciones que los activistas de Askapena y las delegaciones de Batasuna amplifican en congresos y encuentros con partidos extranjeros, sobre todo si, como acaba de ocurrir, la denuncia genérica de malos tratos y torturas viene avalada por una institución como el Parlamento vasco o una organización como Amnistía Internacional.
Cuando un grupo mata sistemáticamente en la democracia, y su enemigo pone en exclusiva los muertos, tiene que aplicarse con ahínco a la descalificación del oponente y acertar en su estrategia propagandística para pretender acreditarse como Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) y no pasar por una simple organización política terrorista. ETA lo entendió a principios de 2000, tras constatar que durante su tregua de 1998 (Lizarra) apenas había logrado recabar apoyos exteriores. La comparación con la experiencia del IRA les resultó demoledora: no sólo no habían obtenido el respaldo que la UE y Estados Unidos prestaron decididamente a las negociaciones del Ulster, sino que se había encontrado con la oposición expresa de muchos Gobiernos europeos. A los ojos de la comunidad internacional, el Ulster no es el País Vasco.
Como la duda sobre la razón de ser no forma parte del pensamiento militarizado y totalitario, ETA decidió ponerse manos a la obra y volcarse en la "internacionalización del conflicto". Desde entonces, la presencia de su versión civil en los foros internacionales se ha incrementado notablemente. La contabilidad incautada en 2004 al jefe de la oficina política Mikel Antza ya mostró que la partida de gasto dedicada al "aparato internacional" (257.000 euros) era la tercera en orden de importancia y suponía el 13% del presupuesto anual, según Vasco Press. El número de liberados de este aparato -NASA, en la terminología doméstica-, había ascendido a entre 16 y 21 elementos. Contra lo que cabía suponer, la experiencia de estos últimos cuatro años parece mostrar que, con todas sus limitaciones, ETA-Batasuna tenía margen político y recorrido para avanzar en la "internacionalización". De hecho, los mediadores del Centro para el Diálogo Humanitario Henri Dunat (HD Centre) y los abogados surafricanos que seleccionaron en su día, Brian Currin y Roelf Meyer, desempeñaron un papel intermediador clave en la pasada negociación con el Gobierno.
Mario Bulgarelli visita a Arnaldo Otegi en la prisión de Martutene- JESÚS URIARTE
Durante este tiempo han logrado el apoyo para sus tesis autodeterministas de una decena de senadores italianos, preferentemente de Refundación Comunista y del Partido de los Verdes, y, sobre todo, han logrado la constitución del Friendship (conocido en el entorno abertzale como Grupo de Amigos), europarlamentarios nacionalistas o de izquierdas partidarios de la autodeterminación de Euskadi y la negociación política con ETA. A esas amistades se suma la denominada Red Gernika por la Autodeterminación, formada en su mayoría por diputados y cargos electos flamencos, escoceses, irlandeses e italianos, y apoyos como el que les prestan los concejales por la Candidatures d'Unitat Popular (CUT) de los Països Catalans. Pese a las deserciones últimas, derivadas de la ruptura de la tregua, esos lobbies ideológicamente variopintos continúan activos y aparentemente convencidos de que la causa de la libertad alienta bajo los postulados de plomo y sangre de ETA-Batasuna.
El primer aviso de la renovada acción exterior de ETA llegó mucho antes de que la organización terrorista conectara con el sacerdote norirlandés Alec Reid -gran animador de la negociación estos años-, y de que los dirigentes de Batasuna iniciaran su peregrinación a Suráfrica, por consejo de sus amigos del Sinn Fein irlandés. El 30 de octubre de 2002, la ONU cedió su sede de Ginebra para que el dirigente de Batasuna y antes y después jefe de ETA, Josu Ternera, ofreciera una rueda de prensa con Arnaldo Otegi y Joseba Álvarez. Tras las protestas presentadas al entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, el Gobierno español descubrió que Batasuna se había infiltrado en la Subcomisión para la Protección y Promoción de Derechos Humanos de la ONU. Comprobó que, un año antes, Udalbiltza-Batasuna, asociación de municipios gobernados por esta formación, había establecido un acuerdo con la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos (LIDLP), que posee el estatus de órgano consultivo en la ONU. En virtud de ese acuerdo, Batasuna se aseguraba que uno de sus miembros fuera acreditado como miembro de la delegación de la LIDLP en la Subcomisión de Derechos Humanos. El auto de procesamiento de las Gestoras Pro Amnistía dictado por el juez Baltasar Garzón incluye la transcripción de significativos mensajes que la representante de la LIDLP Verena Graf y el entonces delegado de Batasuna en esa liga, el abogado Julen Arzuaga, procesado más tarde por colaboración con ETA, se cruzaron por correo electrónico. "No me dijiste nada de lo que arreglaste para tu cobertura; ¿por quién vienes, por Udalbiltza, por la Liga, la Liga y Udalbiltza o por quién? ¿Quién paga y quién manda?", preguntaba la suiza Verena Graf.
Visto con perspectiva, la pregunta puede resultar algo ociosa, en la medida en que éste y otros liberados de la acción internacional como el también abogado Urko Aizartza se mueven en planos y organizaciones pantalla diferentes, según la ocasión y el momento. Lo mismo representan a las Gestoras Pro Amnistía o a su sucesora, Askatasuna, que al Observatorio Vasco de Derechos Humanos (Behatokia); lo mismo aparecen en la sede la ONU en Ginebra presentando sus denuncias al Relator Especial sobre la Tortura, que en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU acusando a España de criminalizar el euskera por el cierre del diario Egunkaria. Todos los "organismos de masas" del complejo ETA-Batasuna -Guk Independentzia (partido político en la recámara), LAB (sindicato), Elkartzen (para la defensa de los derechos sociales), Lurra (ecologista), Duina (coordinadora juvenil contra la precariedad), Ikasle Abertzaleak (estudiantes), Segi (para la captación y encuadramiento de los jóvenes), Bilgune (feminismo) y Etxerat (familiares de presos)- han anudado en el exterior relaciones con colectivos supuestamente afines.
Creada hace 21 años bajo el influjo de la revolución sandinista, Askapena ha ido adquiriendo envergadura e influencia -según fuentes policiales cuenta con medio centenar de activistas-brigadistas-, a medida que la justicia española cercenaba y desmantelaba el aparato internacional de ETA (Xaki) y el frente internacional de Batasuna. En sus contactos "solidarios" con los "pueblos oprimidos", esta curiosa ONG difunde la versión del conflicto vasco exculpatoria de los crímenes de ETA y pone todo su empeño en desprestigiar al Estado español. Aunque su campo de actuación preferente sigue siendo América Latina -particularmente Venezuela, Bolivia, Uruguay, Cuba, Argentina y México-, en los últimos tiempos han ido extendiendo su activismo y estrechando contactos con partidos y organizaciones de Palestina, Sáhara Occidental, Irak, Kurdistán y Bielorrusia. La moda de la kefia palestina que ha tenido tanto éxito en determinados ambientes de la juventud vasca, las apelaciones a la "intifada vasca" y el boicoteo a los productos de Israel, secundado expresamente en los Zutabes (boletines internos de ETA), procede de los viajes de los brigadistas de Askapena. Nada le gustaría más a ese mundillo de turistas revolucionarios sin verdadera causa doméstica que camuflarse bajo un verdadero conflicto en el que trocar su condición de victimarios por la de víctimas.
Además de intentar mimetizarse con los colectivos en lucha de los puntos más calientes del planeta, de denunciar "la situación de Euskadi" y establecer fórmulas de colaboración, Askapena es la plataforma utilizada para burlar la prohibición que impide a las organizaciones terroristas y a sus brazos políticos estar presentes en el Foro Social Mundial. Y Julen Arzuaga, titular de la Visa Oro que la policía incautó al dirigente de EKIN Iñigo Elkoro, ha conseguido entrevistarse con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mactahr Ndoyi. ¿Sabe este alto funcionario del sarcasmo que supone que los representantes del denominado Observatorio Vasco de los Derechos Humanos sean precisamente los amigos de ETA?
El también abogado Gorka Elejebarrieta, delegado de Batasuna en Bruselas, participó en septiembre del pasado año en el Parlamento de Londres en una conferencia de prensa, organizada por el intergrupo Conflict Issues, que llevaba el título Dialogando con el enemigo. Aunque no todos los que participan en la constelación de organismos pantalla y ONG creadas a partir de 2000 -Askapena, Kamaradak (para los jóvenes de Segi), comités de solidaridad en el extranjero, Behotokia, Gernika network, etcétera- sean de ETA -los tontos útiles y los ingenuos y los cínicos aprovechados son particularmente bienvenidos-, ninguno de los que manejan estas organizaciones pasaría la prueba de denunciar en público el asesinato del concejal socialista Isaías Carrasco o del guardia civil Juan Manuel Piñuel.
Arnaldo Otegi y Gerry Adams- EFE
Contra lo que suponen los bienintencionados políticos o activistas de los derechos humanos que les prestan cobertura, los liberados de la acción exterior de Batasuna, que se financian con las asignaciones presupuestarias a los grupos parlamentarios y municipales de PCTV, ANV y Udalbiltza -el dinero público costea la propaganda etarra y el descrédito del Estado-, no buscan otro arreglo dialogado que el de la consecución de los objetivos políticos de ETA. Para ellos, como para ETA, la negociación es una herramienta complementaria a la del asesinato, una palanca que les permite crecer, fortalecerse, legitimarse y acumular fuerzas. "Antes de morir quiero ver a un rebelde convertido en presidente de la República de Euskal Herria", declaró el pasado año el ex senador de Flandes Walter Luyken, presidente honorario de la Red Gernika por la Autodeterminación, a la que también pertenecen Jasper Kiel, diputado de Kopenhagen Folketinget; Jean Guy Talamoni, diputado de Corsica Nazione; Alex Maskey, Francie Brolly y Aengus S'Nodaigh, diputados del Sinn Fein; el flamenco Jan Loones; los escoceses Lloyd Quinan y Bill Kidd, y los senadores italianos Giseppe Di Lello, France Rame y Mauro Bulgarelli, entre otros.
Teo Uriarte, antiguo miembro de Euskadiko Ezkerra, hoy vinculado al PSE, es de los que creen que no siempre se facilita el cese de la violencia cuando se ofrecen a una organización terrorista perspectivas de negociación. Opina que, pese a la aparente bondad de todo proceso de diálogo, la falsificación y magnificación del problema, el recurso a profesionales de la mediación que, a la búsqueda de resultados, tienden a equipar a las dos partes en litigio, y la aplicación de fórmulas probadas en conflictos gravísimos de enfrentamiento civil suponen un serio riesgo de transformar un divieso en un cáncer. Repasar las hemerotecas y recoger las declaraciones de los expertos mediadores surafricanos Brian Currin y Roelf Meyer -contratados, primero, por Batasuna y, rota la tregua, por el Gobierno vasco- parece avalar esa opinión. "Pensamos que el atentado [el bombazo que destruyó el aparcamiento de la terminal 4 de Barajas y mató a dos personas] supone una nueva oportunidad para fortalecer el proceso de paz y para permitir nuevas negociaciones", declaró Roelf Meyer. "Hay que liberar presos y hacer concesiones políticas", propuso Brian Currin.
Como miembros de la Fundación para la Libertad, asociación creada con el propósito de desmontar las coartadas políticas del terrorismo, Teo Uriarte y su compañero Javier Elorrieta fueron requeridos por la Embajada española en Suráfrica en septiembre del pasado año para que contrarrestaran la intensa campaña propagandística que los representantes de Batasuna Bernardo Barrena, Joseba Álvarez y Urko Aiartza habían desplegado en ese país. En sus encuentros con los líderes políticos del Congreso Nacional Africano (CNA) Kgalema Montthlante y Dumisane Sithole y con el secretario nacional de las Juventudes Comunistas, Buti Manamela, los miembros de la Fundación para la Libertad descubrieron con asombro que sus interlocutores surafricanos tenían una visión muy deformada del problema vasco y de la democracia española.
"Nos quedamos perplejos al comprobar que personas honorables y responsables se habían tragado a pie juntillas las intoxicaciones", comenta Teo Uriarte. "No sabían nada de la transición política española, ignoraban que se había producido una amnistía tras la muerte del dictador, creían que en España no existe una verdadera democracia y que el pueblo vasco está sojuzgado y discriminado por su lengua, desconocían los datos elementales de renta per cápita y de desarrollo económico de Euskadi, pensaban que Batasuna tiene un peso electoral enorme e ignoraban que ETA asesina a miembros de partidos democráticos no nacionalistas. Estaban convencidos de que sólo los nacionalistas españoles se oponen a la negociación con ETA. Descubrimos que si simpatizan con Batasuna-ETA es porque les habían convencido de que la lucha de estos últimos se ajusta a la teoría de la liberación del tercer mundo".
Uriarte y Elorrieta comprobaron, de paso, que los viajes que los representantes del Gobierno vasco han cursado igualmente a Suráfrica en los últimos años no han contribuido, precisamente, a deshacer los equívocos. "Como insistían con lo de la opresión del euskera, les preguntamos de dónde habían sacado la idea de que España quiere eliminar la lengua vasca. Y para nuestra sorpresa, Dumisane Sithole, presidente de la Comisión de Exteriores del Parlamento surafricano, nos respondió que esa información provenía de la consejera vasca Miren Azcarate". Pese a indicarles que el Ejecutivo vasco tiene las competencias en materia de euskera y que nada le impide destinar más dinero a la promoción de la lengua, los miembros de la Fundación para la Libertad no lograron convencer a sus interlocutores del CNA. "¿Por qué iban a fiarse más de nosotros que de los representantes del propio Gobierno vasco?", dice Teo Uriarte. "Ellos están convencidos de que los procedimientos que utilizaron para la resolución de su guerra civil pueden ser aplicados para cualquier otro conflicto, aunque en Suráfrica nadie es partidario de la secesión, porque era la reivindicación de los núcleos más duros de la minoría blanca".
Sin despreciar los buenos propósitos que puedan animar el empeño surafricano en la negociación con ETA, conviene no olvidar que las relaciones internacionales responden a un juego de intereses, a veces, implacable. "Antes de despedirnos, uno de los líderes surafricanos nos indicó de forma explícita que ellos estarían dispuestos a revisar su postura en el conflicto vasco si el Gobierno español hiciera lo propio con el problema del Sáhara", sostiene Teo Uriarte, que aclara que ese planteamiento fue desautorizado más tarde por responsables gubernamentales de rango superior que rechazan las intoxicaciones de Batasuna.
Por marginal que pueda parecer su influencia, tampoco se puede perder de vista que la organización terrorista lleva muchos años cultivando los contactos con organizaciones y partidos latinoamericanos que, en algunos casos, han alcanzado el poder. En la Venezuela de Hugo Chávez, donde residen unos 40 activistas que llegaron desde Argelia durante el mandato de Felipe González, las organizaciones de ETA-Batasuna disponen de una interlocución gubernamental privilegiada. La directora general del mismo Gabinete de la Presidencia, Goizeber Odriozola Lataillade, está casada con el antiguo activista de ETA Arturo Cubillos Fontán, que, a su vez, ocupa un cargo importante en el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Periodista, hija de vascos, Goizeber Odriozola acostumbra a asistir a las manifestaciones chavistas con una ikurriña. No es la única simpatizante de la causa etarra en la Administración de Chávez. La diplomacia española tuvo que emplearse a fondo para impedir que se les concediera la nacionalidad venezolana a antiguos activistas como Miguel Ángel Aldana Barrena, Ricardo Urtiaga Repollés, José Lorenzo Ayestarán Legorburu o Eugenio Barrutiabengoa Zabarte.
Durante décadas, ETA ha mantenido relaciones, forzosamente clandestinas, con las guerrillas del centro y sur de América, a la búsqueda de una cooperación provechosa, bien para el cobijo de sus activistas huidos -algunos acabarían luchando en Nicaragua o El Salvador-, o para la mutua cooperación en la adquisición de armamento, falsificación de documentos o financiación. La mecánica de contacto establecía el desplazamiento en una primera fase de los abogados y responsables políticos de la ETA civil y, sólo posteriormente, cuando la cobertura parecía segura, la llegada de los clandestinos. Así se anudó la colaboración con el Frente Sandinista de Nicaragua, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador o las FARC colombianas, uno de cuyos representantes en Europa, que responde al nombre ficticio de Óscar Gualdrón, ha participado en las jornadas internacionalistas organizadas por Askapena en Euskadi y a las que también han asistido Feliciano Vegamonte, diputado del MAS boliviano, y Martin Mac Guiness, ahora viceprimer ministro norirlandés, en nombre del Sinn Fein. Cuando ETA anunció el último "alto el fuego permanente", las FARC saludaron la "valentía del presidente Zapatero y el inicio del diálogo para la solución negociada del conflicto".
Aunque las siglas ETA siguen siendo abominables en casi todo el mundo y resultan incómodas, incluso en los círculos revolucionarios o alternativos más extremistas, su versión de la realidad de Euskadi, sus argumentos y sus tentáculos civiles llegan ahora más lejos en el doble objetivo de deteriorar al máximo la imagen del Estado español y obtener mayor apoyo político a su causa. Lo que ha cambiado desde la tregua de 1998 es que la acción exterior de ETA es hoy más ambiciosa y trata de asentarse definitivamente en la esfera política internacional, particularmente en Europa. Los documentos incautados por la policía a las Gestoras Pro Amnistía y a su prolongación, Askatasuna, hablan del proyecto de crear el "cuerpo diplomático vasco", con herriembaxadas (embajadas populares) y delegados permanentes para Europa y América. El objetivo principal actual es estar presentes en las comisiones de derechos humanos de la ONU.
"Los denominados brigadistas cooperantes y los representantes de Askapena han aprendido a adaptarse mejor al terreno político en el que actúan, de forma que si en Cuba, Bolivia o Venezuela se aferran a la ortodoxia del socialismo revolucionario anticapitalista -en Bolivia se oponen frontalmente a la autonomía de la región de Santa Cruz, con el argumento prestado de que es una iniciativa interesada de la oligarquía-, en Estados Unidos ofrecen un perfil más clásico y tradicional para ganarse las simpatías de los vascos de Idaho y de senadores conservadores del perfil del ex secretario de Estado de Idaho, Pete Cenarrusa", indica un investigador policial. Ya se ha visto con qué facilidad, y desvergüenza, quienes practican la depuración ideológica en Euskadi, ejercen el asesinato político del oponente y mantienen a buena parte de los vascos amenazados se echan al cuello la kefia palestina, posan junto a las Madres de la Plaza de Mayo argentinas, se reclaman víctimas del apartheid y se abrazan a la simbología de la Gernika bombardeada, como si fueran los nuevos mártires vascos. No les faltan disfraces, banderas de conveniencia, ni siglas de ocasión.
La conclusión de los miembros de la Fundación por la Libertad es que "ETA-Batasuna, las organizaciones de su entorno y el nacionalismo vasco en general han conseguido trasladar a la opinión pública europea e internacional la sospecha de que la actividad terrorista para la segregación territorial de la nación española es perseguida de forma injusta y antidemocrática por los sucesivos Gobiernos españoles y por las instancias jurisdiccionales". No todo el mundo comparte este juicio, y, desde luego, la diplomacia española tiene buen cuidado en deslindar la acción exterior del Gobierno de Ibarretxe y la publicidad de su plan soberanista, de la propaganda internacional de ETA-Batasuna, aunque, en los ambientes más desinformados, sobre todo, la primera abone las coartadas de esta última.
Pese al inevitable reflujo que ha traído consigo la ruptura de la tregua, pese a las deserciones de algunos de sus apoyos y a la actitud más distante adoptada por sus amigos del CNA y el Sinn Fein, ellos mantienen sus tentáculos exteriores y siguen trabajando, ahora empeñados en convencer a todo el mundo de que el Gobierno de España es el "verdadero" responsable de que ETA "tenga que volver a las armas". Están convencidos de que habrá mejores oportunidades. "Los discursos de 'unidad frente al terrorismo' que ayer se calificaban de históricos aparecen y se desvanecen desde hace más de 30 años; también las especulaciones, ciertamente frívolas, sobre la debilidad o fortaleza de una organización armada. (...) La cruda realidad indica que habrá que recorrer otras sendas por las que han transitado ya antes todos los Gobiernos españoles", decía el editorial de Gara el pasado día 15 en el ejemplar que informaba de la "muerte", nunca asesinato, del guardia civil Juan Manuel Piñuel.
Como la mujer del César, España está obligada no sólo a ser virtuosa en el escrupuloso respeto de los derechos humanos, sino también a parecerlo. Para eso tendrá que contrarrestar más eficazmente la acción exterior de ETA-Batasuna.
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25 asesinatos a sus espaldas y condenado a tres años por un delito de amenazas, el etarra, que quedará en libertad el próximo 2 de agosto, dispone de una celda individual ubicada en un módulo reservado exclusivamente a toxicómanos que reciben tratamiento con metadona, y que no sufre la masificación que sí afecta al resto del centro penitenciario.
En Villareal, los radicales han cambiado la calle del Ejército por el de las Barcas. En el barrio de la Sagrada Familia , los violentos han retirado la placa de la Plaza de la Hispanidad convirtiéndola en la plaza de la Revuelta. Este cambio se realizó “para denunciar las celebraciones imperialistas que tienen lugar durante el 12 de Octubre”.
del PNV de Mondragon en cuyo interior vertieron, posteriormente, líquido inflamable para prenderle fuego, aunque, finalmente, no pudieron lograr su propósito.
Municipal Popular en el Ayuntamiento de El Prat, ha exigido al Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervellò (Baix Llobregat) –governado por ERC y PSC- que retire el nombre de la calle a Jaume Martínez Vendrell, condenado en 1982 por el Tribunal Supremo a 36 años de prisión como inductor de los asesinatos de José María Bultó y el ex - alcalde de Barcelona Joaquín Viola.
