Apuntes para una crisis (XIV): 29 de Septiembre de 2007 - 12:31:13
Luis del Pino ¿Quién quema retratos de los Reyes?
Extraido de:
La respuesta a esa pregunta es: ¿y qué más da? Lo que verdaderamente importa no es quién quema los retratos de los Reyes, sino quién paga a los que los queman. En otras palabras, la pregunta verdaderamente relevante es: ¿quién ha puesto en marcha esa campaña y qué objetivos espera conseguir? Ya advertí en un artículo anterior que los Servicios del Estado tenían información puntual de lo que iba a ocurrir en Gerona, cuando se produjo la quema del primer retrato. A pesar de lo cual no se impidió. Para entender qué está pasando, y qué puede llegar a pasar, es necesario primero comprender algunos aspectos importantes del funcionamiento y objetivos de los Servicios del Estado españoles. Permítanme que plantee la cuestión comenzando por una pregunta aparentemente irrelevante. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué no existe una extrema derecha en España? ¿Es que acaso la extrema derecha española está formada por personas con menor capacidad organizativa que en otros países o en otras partes del propio espectro político español? La respuesta es que la extrema derecha no existe en España porque el Estado lleva treinta años dedicando una ingente cantidad de recursos a evitar que pueda llegar a existir. Los servicios de información de la Policía o del CNI han dispuesto de abundante personal específico y de los suficientes medios como para controlar todo lo que se movía a la derecha de Alianza Popular, primero, y del Partido Popular, después. Dentro de la Policía funcionaron, desde finales de los 70, la Brigada Antigolpe y la Brigada de Involución, brigadas en las que, por cierto, jugaron un papel relevante algunos de los mandos policiales cuyos nombres aparecen después en las investigaciones del 11-M. El CNI, por su parte, no escatimó esfuerzos para la infiltración en las extremas derechas de distinto pelaje que han pululado por el panorama político de nuestro país. Por decirlo de manera jocosa, si la extrema derecha no existe en España es porque cinco de cada cuatro afiliados a grupúsculos de extrema derecha trabajan para los propios Servicios del Estado. Esa tarea de infiltración fue dirigida, desde el principio, a dos objetivos distintos: obtener información sobre los distintos grupos de extrema derecha y asegurar su no consolidación en un partido que pudiera tener una mínima posibilidad de representación parlamentaria. La manera de garantizar que no apareciera una opción electoral sólida de extrema derecha consistió en ir dinamitando desde dentro los grupos existentes, provocando una atomización que, en la práctica, equivale a dejar reducidas a la nada sus aspiraciones electorales. El caso más evidente es el de Falange, donde se indujeron desde fuera escisiones, escisiones de las escisiones y escisiones de las escisiones de las escisiones, hasta conseguir que existieran no menos de media docena de "Falanges" de distintas especies. Lo mismo ha sucedido con los partidos de corte neonazi o con los de orientación lepenista. Dinamitar desde dentro cualquier grupo que represente una amenaza es sencillo. Cuanto más bunkerizada está una formación política, cuanto más radicales son sus planteamientos, cuanto más antisistema es su discurso, más sencillo resulta aprovechar las debilidades humanas para provocar enfrentamientos personales, luchas por el mando o discusiones puristas sobre los "principios" del partido. Ni siquiera hace falta, en realidad, aprovechar las debilidades de ese grupo que ha sido infiltrado: ¿qué impide, por ejemplo, que dos de tus agentes infiltrados se enzarcen en una lucha ficticia y la disfracen de enfrentamiento ideológico? Esa lucha ficticia, provocada ex-profeso por tus infiltrados, terminará inevitablemente contagiándose al resto del grupo, que no es consciente de estar siendo manipulado. El resultado final es, casi siempre, la desactivación del grupo. Toda la panoplia de técnicas de infiltración y atomización de grupos potencialmente molestos es conocida y está estudiada, y se aplica tanto a formaciones políticas como, también, a grupos de carácter violento o con tentaciones terroristas. Y esas técnicas no sólo se han aplicado en España a la desarticulación de la extrema derecha. El mismo procedimiento se ha seguido, desde los Servicios del Estado, con todas las organizaciones situadas a la izquierda del PCE, primero, y de IU, después. ¿Es lícito que los Servicios del Estado dediquen sus esfuerzos a impedir que puedan consolidarse determinadas opciones políticas? La verdad es que se trata de una discusión interesante. Por un lado, muchos nos sentiríamos tentados de felicitarnos de que se inviertan recursos públicos en evitar el crecimiento de los extremismos. ¿A quién puede parecerle mal, por ejemplo, que se evite a cualquier precio que el nazismo pueda resurgir de sus cenizas? El problema surge cuando esa labor de infiltración y control se extiende a otros ámbitos del espectro político o de los movimientos ciudadanos. No me consta (y por tanto no puedo afirmarlo) que los Servicios del Estado hayan dinamitado también, por ejemplo, los partidos de corte ecologista. Pero, si uno analiza el panorama actual de esos partidos dentro del espectro político español, resulta muy llamativa la proliferación de movimientos, muy al estilo de lo que sucede con Falange. La pregunta inevitable es: ¿esa proliferación de movimientos ecologistas es casual, o también ha sido inducida desde los Servicios del Estado para evitar la aparición de un partido ecologista fuerte? Donde sí me consta que los Servicios del Estado han actuado de manera consciente es, por ejemplo, en el campo de las asociaciones de víctimas del terrorismo, donde se ha intentado aplicar exactamente las mismas técnicas de infiltración y control para desactivar la resistencia a la Hoja de Ruta puesta en marcha tras el 11-M. Aunque, en este caso, el fracaso de esa labor de neutralización de las víctimas ha sido clamoroso. Y aquí es donde surge el dilema moral. Si la infiltración y desactivación de los movimientos de corte neonazi nos parece a todos un objetivo loable, ¿podemos decir lo mismo de la infiltración y desactivación de los partidos ecologistas o de las asociaciones de víctimas? ¿Qué sucede cuando los Servicios del Estado, en lugar de limitar su actividad de infiltración a los grupos potencialmente peligrosos, amplía el ámbito de su actuación y comienza a dinamitar cualquier tipo de partido, o de movimiento ciudadano, que represente un peligro para el poder de turno o para el simple statu quo? Esa posible conversión de los Servicios del Estado en un instrumento de dominación social es la primera de las grandes preguntas que cabría plantearse con respecto al papel de esos Servicios del Estado en nuestro actual sistema democrático. En términos abstractos, cabría plantear esa pregunta de la forma siguiente: ¿están haciendo esos Servicios del Estado cosas que no deberían hacer en un régimen democrático? Pero hay una segunda pregunta muchísimo más inquietante que ésa, y que enlaza directamente con las reflexiones que apuntaba al principio del artículo. En términos abstractos, la pregunta sería: ¿están dejando de hacer los Servicios del Estado otras cosas que sí deberían hacer? Dicho así, no suena muy inquietante, ¿verdad? Pero déjenme que les plantee la pregunta en términos más concretos: Sabemos que los Servicios del Estado han invertido una ingente cantidad de recursos en desarticular esas potenciales amenazas al Estado llamadas "extrema derecha" y "extrema izquierda". ¿Podría alguien explicarnos, entonces, por qué no se ha invertido una cantidad de recursos similar en infiltrar, controlar y desactivar esas otras amenazas al Estado llamadas "nacionalismos radicales"? ¿Por qué los Servicios del Estado no han invertido sus esfuerzos en infiltrar, controlar y dinamitar, por ejemplo, los movimientos nacionalistas radicales en Galicia, en Cataluña o en el País Vasco? ¿De quién han partido las órdenes para desarticular a cualquier precio a la extrema derecha y a la extrema izquierda, al mismo tiempo que se "dejaba hacer" a organizaciones políticas cuya vocación declarada es la voladura de la Constitución y la ruptura de la Nación española? ¿Por qué se han dedicado los esfuerzos a dinamitar, por ejemplo, a la AVT, en lugar de a ERC? La pregunta es todavía más inquietante cuando se constata que, en realidad, los Servicios del Estado sí que se han infiltrado desde hace treinta años en los movimientos nacionalistas radicales. Pero esa labor de infiltración no se ha dirigido a acabar con esos movimientos, sino justamente a lo contrario: a consolidarlos en una opción con posibilidades electorales. Dejando aparte el caso vasco, donde el fenómeno terrorista hace que la situación sea infinitamente más compleja, en Cataluña y en Galicia la labor de los Servicios del Estado ha ido dirigida, precisamente, a consolidar ERC y BNG como opciones nacionalistas radicales. En Cataluña, por ejemplo, se ha puesto especial cuidado en evitar que una dispersión del voto independentista radical diera al traste con las posibilidades electorales de ERC. En Galicia, donde el BNG está compuesto de una multiplicidad de grupúsculos que serían presa fácil de una operación de atomización bien diseñada, se ha intentado por todos los medios consolidar esos grupúsculos en un frente unificado que garantizara la obtención de representación parlamentaria. Así que podemos replantear la pregunta anterior de una manera mucho más cruda: ¿Por qué los Servicios del Estado no sólo no han dinamitado, sino que han contribuido a mantener los nacionalismos radicales? ¿Para qué es útil, a quién sirve, el mantenimiento de la presión nacionalista? ¿Quién marca, en realidad, los objetivos de los Servicios del Estado? ¿Estamos seguros de que los Servicios del Estado trabajan realmente para el Estado? Volvamos ahora a la cuestión que planteaba al principio y analicemos lo que está pasando en Cataluña, y en toda España, con la ofensiva contra la Corona. Esas quemas de imágenes de los Reyes no son algo improvisado. Se trata, por el contrario, de una campaña perfectamente orquestada y perfectamente temporizada. Una campaña que dio comienzo con el inexplicable secuestro de la revista El Jueves, secuestro que dio publicidad a una viñeta que, de no ser por ello, nunca hubiera llegado a ser vista por un número significativo de personas. Campaña que ha continuado con la aprobación de mociones en favor de la III República por parte de PSOE e IU en diversos ayuntamientos. Campaña que tiene su plasmación gráfica más llamativa en esas quemas de retratos de los Reyes. Decía al principio que la primera de las quemas, en Gerona, era conocida por los Servicios del Estado antes de que se produjera, a pesar de lo cual no se impidió. Permítanme que vaya un poco más lejos y que pregunte con toda la crudeza: ¿están participando colaboradores de los Servicios del Estado en la organización o implementación de esa campaña de quema de retratos? ¿Están participando en esas quemas, directa o indirectamente, algunas de las personas que trabajan para esos Servicios del Estado desde el ámbito de las organizaciones independentistas radicales catalanas? ¿Qué información tiene, por ejemplo, el CNI sobre los movimientos que han hecho posible esa campaña? Si yo fuera el PP, solicitaría por vía parlamentaria que se remita a la Comisión de Secretos Oficiales toda la documentación que el CNI haya elaborado para analizar o informar de esos ataques contra la institución monárquica. Y creo que tampoco estaría de más que alguien iniciara las acciones judiciales oportunas para que quedara constancia de quién o quienes están permitiendo esas quemas. Por ejemplo, creo que sería muy interesante conocer cuál es la cadena de mando que permitió que la primera de las quemas se produjera en Gerona. Más que nada, para que cada cual tenga que hacer frente a sus responsabilidades cuando llegue el momento de pedirlas. La pregunta que quedaría por responder es la siguiente: ¿qué objetivo se persigue con esa campaña de ataque contra la figura de los Reyes? En realidad, no es un único objetivo, sino varios. Entre otras cosas, pretenden disfrazar de ataque a la Monarquía lo que no es sino un asalto frontal, a bayoneta calada, tanto a la Nación como al edificio constitucional en que ésta se plasma. Pero responder en condiciones a esa pregunta nos llevaría muy lejos, así que dejaremos el análisis para un futuro artículo.
